Un experto en normas y protección personal asegura que los esquemas de seguridad del Procurador y la contralora Sandra Morelli serían ilegales por estar integrados parcialmente por militares.

Este es el movimiento de los militares en la residencia del Procurador Ordóñez, dentro de su esquema de seguridad. Una camioneta que pasa cada tanto se encarga de hacer los relevos de los soldados, todo el día, todos los días.

También hay presencia de militares en la residencia de la Contralora Sandra Morelli, que hacen parte de su propio esquema. Jairo Librero, quien fue asesor para la creación de la Dirección Nacional de Protección y experto en la materia, afirma que bajo ningún motivo los militares pueden estar cumpliendo funciones de protección de civiles.

Resulta peligroso para la población civil dado que los militares son combatientes y están para proteger la soberanía nacional y no se pueden distraer en tareas asignadas a otros organismos, de acuerdo con Libreros.

Según información que pudo confirmar Noticias Uno, el Procurador tiene entre 50 y 60 personas a cargo de su protección y la de su familia, incluyendo a sus yernos, cuyo costo, incluidas las camionetas, supera los 5 mil millones de pesos al año. Estos recursos, deberían ser utilizados para la protección de los funcionarios en riesgo de toda la Procuraduría y no solo de la familia de su jefe. Salvo la viceprocuradora, los demás funcionarios no cuentan con esquemas de seguridad.