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Procuraduría destituyó a militares implicados en caso Cajamarca.

La procuraduría destituyó a los militares implicados en la muerte de cinco personas, entre ellas un bebé de seis meses, en Cajamarca, Tolima…Según la investigación, al menos uno de ellos fue asesinado para que no quedaran testigos civiles de lo que había pasado.

Aunque se había hablado de un error militar, las investigaciones han demostrado que una de las víctimas fue abaleada a pesar de que los militares tenían claro que no se trataba de un guerrillero.

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Procuraduría destituyó a militares implicados en caso Cajamarca.


La procuraduría destituyó a los militares implicados en la muerte de cinco personas, entre ellas un bebé de seis meses, en Cajamarca, Tolima. Según la investigación, al menos uno de ellos fue asesinado para que no quedaran testigos civiles de lo que había pasado.

Aunque se había hablado de un error militar, las investigaciones han demostrado que una de las víctimas fue abaleada a pesar de que los militares tenían claro que no se trataba de un guerrillero.

Por homicidio en persona protegida la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años, al cabo y los seis soldados que dieron muerte a cinco campesinos en Cajamarca el 10 de abril de 2004.

En su momento el Presidente y el entonces comandante de las Fuerzas Militares, General Carlos Alberto Ospina viajaron a Cajamarca, se entrevistaron con los militares que participaron en el operativo, quienes explicaron los que denominaron un error.

El presidente en horas de la noche anunció que había solicitado a la Procuraduría investigar los hechos y lamentó las circunstancias en que murieron las cinco personas entre ellas un menor de seis meses de edad.

Pero cuatro años después la Procuraduría dejó en claro que cuatro de las víctimas murieron por el error, pero que la quinta no.

“No obstante, minutos después, luego de percatarse del error, dieron muerte a Norberto Mendoza Reyes, quien había sobrevivido al ataque inicial”

Por esa razón la Procuraduría al ordenar la destitución dijo que un Estado social de derecho no puede justificar acciones de negligencia, desidia, desinformación e irresponsabilidad en las fuerzas militares cuando esta en juego la vida de un inocente.

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