La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional tumbar parte de una ley que reconoce una serie de beneficios, a los contratistas a quienes se les anulan sus convenios por actos ilegales, como actos de corrupción.

Una parágrafo de la ley 1508 de 2012, establece que en los contratos de Alianzas Público Privadas –APP- anulados por actividades ilegales, como actos de corrupción, el Estado debe reconocer al contratista todo lo ejecutado, con intereses.

Pues bien dicho aparte, fue demandado y actualmente se encuentra bajo revisión de la Corte Constitucional, y ahora la Procuraduría pide tumbar parte de ley.

Para el Ministerio Público efectuar un reconocimiento económico a los contratistas inmersos en convenios ilegales, va en contravía con la orden constitucional.