La Corte Constitucional declaró legal la facultad que tiene el procurador de sancionar disciplinariamente a funcionarios elegidos por voto popular.

El alto tribunal estudió una demanda contra el artículo 45 del Código Disciplinario Único que le permite al ministerio público imponer sanciones que suspenden los derechos políticos de funcionarios que ejercen cargos de elección popular.

Según los demandantes, esta disposición contradice lo contemplado por la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual asegura que imponer una sanción de esa naturaleza solo puede ser competencia de un juez.

El magistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal explicó que la norma demandada no riñe con la Convención Americana porque una persona sancionada tiene otros mecanismos para controvertir la decisión de la Procuraduría.

«Dada la naturaleza de la Procuraduría está habilitada para imponer sanciones a personas elegidas por voto popular, teniendo en cuenta que sus decisiones pueden ser objeto de control posterior ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa», explicó el magistrado.