Y hablando del tema paramilitar, dos funcionarias judiciales están prófugas. La justicia ordenó su captura por presuntamente recibir sobornos de un paramilitar. Otro funcionario que las denunció apareció muerto en condiciones no aclaradas. Todo sucedió en la sede de los juzgados especializados de Bogotá.

A la investigación contra Teófilo Rey Linero, uno de los propietarios de la empresa de vigilancia Francisco de Asís que prestaba sus servicios a Coolechera, la cooperativa de productores de leche presuntamente controlada por el paramilitar Jorge 40, fueron vinculadas dos funcionarias de la rama judicial que hoy están prófugas de la justicia. Se trata de Yareli Anaya, asistente de la Secretaría de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, y Xiomara del Carmen Dimas, funcionaria del Juzgado Cuarto Especializado de Bogotá.

Las dos mujeres habrían recibido dinero del abogado de Teófilo Rey para manipular los expedientes, además, aparentemente ofrecieron 50 millones de pesos a Jorge Mario Reboyo, un sustanciador del juzgado segundo especializado del circuito que misteriosamente apareció muerto luego de denunciar las presiones de sus dos compañeras.

Una de las prófugas, Yareli Anaya, fue la asistente de confianza de la entonces juez segunda especializada de Bogotá, Léster María González mencionada en un caso de corrupción judicial por el Mayor Juan Carlos Rodríguez alias Zeus, uno de los infiltrados del narcotraficante Diego Montoya en el ejército.

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Los investigadores también analizan otras supuestas irregularidades en el caso de Teófilo Rey, como los traslados de la prisión de alta seguridad de Cómbita a la Picota de Bogotá y otra más a Montería con autorización de la juez Luz Marina Beltrán que llevaba el proceso.