Los impulsores del referendo para aprobar una nueva reelección infringieron los topes de financiación que establece la Ley.

Y los infringieron en grande.Podían gastar 335 millones y gastaron más de Dos mil. Seis veces más del límite legal.

La campaña para la recolección de firmas que busca la reelección presidencial violó los topes en los gastos fijados por la Ley.

Y no fue por poco.

En enero pasado, el Consejo Nacional Electoral estableció los montos máximos de dinero que se pueden invertir en las campañas de los mecanismos de participación ciudadana…

TEXTO. Artículo primero. Fíjese el monto máximo de dinero privado que podrá ser gastado en cada una de las campañas relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana de orden nacional, en los siguientes valores: Mecanismos de orden nacional. Hasta la suma de 334.974.388 pesos

Y aclaran que se entiende por campaña el período comprendido entre el momento de la inscripción del comité de promotores ante la Registraduría hasta las 12 de la noche del día anterior señalado por la votación.

Los documentos entregados a la Registraduría por el vocero del Comité de promotores para la reelección, Luis Guillermo Giraldo Hurtado, indican que durante los cuatro meses que duró la recolección de firmas se recibieron contribuciones de particulares por 142’870.000 pesos y se asumieron créditos por 1.903’458.135 pesos.

En total, los ingresos sumaron 2.046’328.135 pesos. Y según el informe, todos los recursos se gastaron.

Es decir, que apenas en la primera de las tres atapas para conseguir la reelección del presidente Uribe, ya se gastaron seis veces lo que fija la Ley para toda la campaña. Casi el doble de lo permitido para llegar a la Alcaldía de Bogotá (1.236 millones).

El informe de ingresos y gastos ya pasó a manos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que evalúan si se inicia una investigación.

“Cuando los topes no se cumplen, el Consejo Nacional Electoral puede adelantar una investigación administrativa y podría dar lugar a sanciones pecuniarias, es decir  multas”

Esas multas, de acuerdo con otra resolución del Consejo Nacional Electoral, la 02842, están entre ocho y 87 millones de pesos.

Como los promotores no son funcionarios públicos, la otra pena dispuesta en la Ley 134

TEXTO. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta.

No los cobija y no hay posibilidad de sanción diferente.