Polémico fue desde el principio el proyecto de ley 170 de 2016 que aprobó el Congreso de la República, que establece una reducción de la cotización al régimen contributivo de salud del 12 % al 4% de la respectiva mesada pensional.

Pese a que la iniciativa contó con una votación favorable de 59 senadores y de 0 en contra, no contó con el visto bueno del Gobierno nacional y fue objetado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Quedando el futuro de esa norma en manos de la magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, a quien correspondió el estudio de las objeciones que presentó el ejecutivo.

Este miércoles la Sala Plena de la Corte Constitucional, debatirá la ponencia que radicó la magistrada Pardo, conocida por CMI, en la cual aprueba las objeciones del presidente Santos a esa norma, declarándolo inexequible y cerrando la puerta a beneficios que millones de pensionados esperaba obtener.

El Gobierno presentó dos argumentos para objetar la iniciativa legislativa, y solo uno de ellos fue aceptado por la magistrada Cristina Pardo. Este tiene que ver con el impacto fiscal que podría tener el poner en marcha dicha ley, pues desde el Ministerio de Hacienda se afirmó que la norma tiene un costo fiscal del orden de los 3.7 billones de pesos anualmente, lo que afectaría seriamente las finanzas de la nación.

Señaló la magistrada en su proyecto de fallo que “se incumple el deber que tiene el legislador de garantizar la financiación sostenible de los servicios, tal como lo dispone el artículo 334 constitucional y el artículo 6 de la Ley Estatutaria de Salud”.

El segundo argumento que presentó el Gobierno, fue que el proyecto de ley tiene vicios de inconstitucionalidad, porque no contó “con el aval gubernamental exigido por el artículo 154 de la Constitución”.

En la ponencia de la magistrada se indica “declarar fundadas las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional en relación con el Proyecto Ley 170 de 2016, por la cual se modifica la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados”. En consecuencia, “declarar inexequible el proyecto de ley”.

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En esta pelea jurídica, la Procuraduría General había solicitado a la Corte a través de un concepto que rechazar las objeciones del Gobierno, argumentando que la sostenibilidad fiscal no debe ser entendida como una barrera para restringir el alcance o protección efectiva de los derechos fundamentales.