La Corte Constitucional rechazó la demanda que presentó la representante a la Cámara, Katherine Miranda Peña, contra el Decreto 1844 de 2018 mediante el cual permite a integrantes de la Policía Nacional decomisar la dosis mínima que se porte en espacios públicos.

La norma había sido demanda al argumentarse que es inconstitucional.

El alto tribunal tomó la decisión tras indicar que la Corte Constitucional no tiene competencia para «hacer control de constitucionalidad de decretos reglamentarios».

Afirmó la corporación judicial que tales competencias son «propias del Consejo de Estado».

«Que en consecuencia, y según lo dispuesto en el inciso final del Artículo 6 del Decreto 2067 de 1991, la Corte es manifiestamente incompetente para juzgar la constitucionalidad del Decreto demandado», señala la decisión.