“Las Fuerzas Armadas de un país democrático no se pueden equilibrar, poner en el mismo nivel de quienes han cometido actos terroristas”: bajo esta premisa el Centro Democrático, encabezado por Álvaro Uribe, junto a Cambio Radical encontraron identidad para proponer una reforma a la Jurisdicción especial para la paz, en un acto que sorprende a los firmantes del acuerdo, porque se consideraba un pacto en el que estaba empeñada la palabra del estado.

 “Se ha hecho un acuerdo con el Doctor Vargas Lleras” afirmó Uribe. Con esta iniciativa se crearían nuevas salas de juzgamiento especial para policías y militares acusados de delitos en medio del conflicto, con magistrados y condiciones especiales.

Mientras que Paloma Valencia aseguró que  “Tienen que conocer el DIH, que es el derecho que juzga y que regula la guerra y que conozcan muy bien los manuales operacionales de las fuerzas”.

Sin embargo, en el conservatismo, declarado partido de la coalición gubernamental, ven con reservas la reforma a la JEP por los efectos que tendrían dichos cambios ante la comunidad internacional.

Juan Diego Gómez, Senador Conservador, dijo “La CPI quiere actuar y ha venido enviando unos mensajes directos de no cambiar las reglas de juego y de proceder a los juzgamientos acá en Colombia.”

El Centro Democrático y Cambio Radical también pretenden, que la confesión de los uniformados no sea condición para acogerse a la Justicia Especial, que los agentes del estado queden en libertad automática después de cinco años de detención y que el estado se obligue a suministrarles la defensa

Germán Varón aseguró que “La mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, en muchos casos, no tienen como solventar esa defensa.”

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Aunque, en el partido de Vargas Lleras no hay unidad de criterio frente a este proyecto.

Temístocles Ortega, senador de Cambio Radical dijo que “Algunos miembros de su bancada no estamos de acuerdo con ese proyecto… 16:36 La paz tenemos que defenderla y no podemos, so pretexto de ajustes, colocarla en juicio”.

Por su parte Roy Barreras, senador de la U, partido que también se declaró a favor del gobierno, cree que la iniciativa de Cambio Radical y el centro democrático les puede salir muy cara a policías y militares.

“Hacer una sala exclusiva para ellos los pone en la mira de la CPI y debilita el sistema de juzgamiento seguro y tranquilo que hoy tienen” afirmó Roy.

A la fecha, la JEP adelanta 2.100 procesos contra 1.750 integrantes de la fuerza pública, solo por los denominados falsos positivos.

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