El diálogo en una aplicación de teléfono celular entre quien sería el secretario privado del alcalde de Villavicencio y un contratista del municipio revela que el primero exigía dinero al segundo antes de que se terminara la campaña que concluye el 11 de marzo, so pena de perder su contrato. Aunque los implicados niegan su papel en la conversación, sus nombres también aparecen en un escándalo judicial.