Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo no solo se despidieron del edificio que los albergó tantos años. También del renunciado exdefensor Jorge Armando Otálora.

Llamado a lista

En cuanto se supo, la noticia de la anulación del acto de reelección del hoy exprocurador general por parte del Consejo de Estado que tumbó su segundo periodo en el Ministerio Público por 14 votos contra 5, reaccionaron las redes sociales y se escucharon las voces del uribismo que respaldaban al destituido Alejandro Ordóñez.

El jefe de la bancada y expresidente Álvaro Uribe salió a las puertas del recinto en que sesiona el Senado y se alistó para hablar ante las decenas de micrófonos de la prensa que lo esperaban. Pero cuando los periodistas creían que iba a iniciar una de sus explosivas declaraciones, empezó a llamar a lista a sus congresistas.

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Cuando tuvo quórum de senadores propios, los ubicó detrás suyo, como lo hacía cuando era presidente de la República y como suelen hacerlo todos los jefes de Estado en los momentos de mayor tensión social. Y una vez comprobó que estaba un buen número de ellos en posición de firmes, empezó a hablar.

Lo que dijo el senador Uribe fue menos importante que su gesto inconsciente de comportarse como si todavía fuera jefe de Estado. Viudo de poder, llaman ese fenómeno.

Segundo round del fiscal contra las mujeres

Un coletazo inesperado de la abrupta destitución del exprocurador Ordóñez puede precipitarse y afectar al recién posesionado fiscal general Néstor Humberto Martínez quien, al parecer, acaba de cometer un segundo error de cálculo con las mujeres después de que dijera, ante la corte Suprema, que los feminicidios y casos de violencia intrafamiliar están, comillas, “atosigando el sistema penal colombiano”, comillas.

Resulta que entre los múltiples cambios de personal y de cargos que está haciendo para reorganizar, a su gusto, la Fiscalía Martínez elevó al significativo puesto de directora de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas, a la cuñada de Alejandro Ordoñez, Ibeth Cecilia Hernández Sampayo, hermana de su esposa Beatriz.

La cuñada del exprocurador ha estado en la Fiscalía desde el año 2005 trabajando en la seccional de Cartagena. Pero no siempre ha tenido buena prensa, sobre todo, porque se le ha vinculado con el clientelismo político tradicional de personajes tan cuestionados como el condenado parapolítico Javier Cáceres quien ya pagó su pena carcelaria. Y le atribuyen sus ascensos al enorme poder que detentó el esposo de su hermana.

El fiscal Martínez le concedió nuevo ascenso a Ibeth Cecilia Hernández pero en el lugar más sensible para las activistas de género, el de la dirección que atiende a las víctimas de maltrato y de violencia intrafamiliar. Al parecer, varias Ong de mujeres alistan una carta de protesta. Segundo round de Martínez con el llamado sexo débil que de débil ya no tiene nada.

Implosión de una carrera pública

Como se vio en las imágenes de hoy, el viejo edificio de la Defensoría del Pueblo fue reducido a escombros intencionalmente para impedir un accidente grave por el avanzado deterioro en que se encontraba.

Con la implosión desaparecen, además de la edificación, las huellas de miles de víctimas que llevaron sus historias de desamparos a la Defensoría en donde buscaban protección.

Y también el mayor escándalo público de esa entidad: la denuncia por acoso laboral y abuso sexual de una funcionaria contra el defensor Jorge Armando Otálora

De la investigación penal que abrió la Fiscalía en aquel momento, no se volvió a saber nada. Al parecer todo cayó en el olvido. Pero sí se supo que los exfuncionarios de Otálora le hicieron una despedida el último viernes de agosto, al concluir formalmente su periodo, no obstante que renunció al cargo en enero de este año, cuando estalló el escándalo. En una foto, tomada en la reunión se ve a varios defensores delegados, a Alfonso Cajiao quien fuera su subalterno y defensor encargado durante estos meses y a Nigeria Rentería quien ha tenido varios cargos públicos, entre otros. En una segunda foto hay más funcionarios de la implosionada Defensoría. El evento se hizo en uno de los salones del antiguo hotel Tequendama y los asistentes aportaron $60 mil pesos por persona. No fue precisamente una fiesta. Las caras serias y silenciosas hablaban del ánimo que imperó. Como suele ocurrir, las sanciones sociales suelen llegar primero que las judiciales.