El Consejo de Estado acaba de admitir una demanda que radicó la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) contra una disposición del Ministerio de Transporte que fija tarifas obligatorias para el transporte automotor de carga.

El dirigente gremial Bruce Mac Master cuestiona que una resolución del ministerio advierta que los valores que se publican en el llamado SICE-TAC, o Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga, sean de «obligatorio cumplimiento». Mac Master insiste que los costos de los fletes que aparecen en ese sistema que monitorea los mercados en el transporte de carga son «meramente ilustrativos o informativos», no imperativos.

La demanda que estudiará el consejero de Estado Roberto Serrato analizará si el ministerio cambió «el régimen de libertad vigilada de fletes por un régimen de control directo», como cuestiona la ANDI.

La ministra Ángela María Orozco ya fue notificada.