Hace 24 horas, la juez primera civil de Valledupar, Soraya Inés Zuleta Vega, emitió una medida cautelar dentro de un proceso de tutela contra la Superintendencia de Salud para cesar provisionalmente el proceso de liquidación de la EPS Saludvida.

La decisión de cerrar esa EPS había sido tomada por el superintendente, Fabio Aristizábal, la semana pasada, ante los malos manejos, el deterioro progresivo y las deudas que superan el billón de pesos. La medida cautelar que frenó en seco la liquidación fue tomada dentro del proceso por la tutela presentada por diez personas que alegan ser usuarios de Saludvida.

Para comenzar, la Superintendencia encontró que ayer, mientras eran notificados del fallo de tutela, exactamente a esa misma hora, el removido gerente de Saludvida, Juan Pablo Silva, ingresaba a las oficinas de la EPS en Bogotá escoltado por un grupo de hombres amparado en la decisión de la juez. En la Superintendencia se están preguntando, ¿cómo fue posible que el removido gerente de Saludvida se enterara de la tutela antes de que fuera notificada al superintendente?

Producen también inquietud en la Superintendencia las características de las diez personas que presentaron la tutela: a ninguno de ellos Saludvida les ha brindado una buena atención en salud y aun así exigieron que no fuera liquidada, y rechazaron la posibilidad de ser trasladados a una buena EPS.

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Y más: la tutela fue presentada en Valledupar, cuando la mayor cantidad de usuarios de Saludvida está en Norte de Santander.