La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha puesto en consulta un proyecto regulatorio que favorecerá la venta de celulares en los operadores Claro, Tigo y Movistar, atando de nuevo el servicio con la comercialización de equipos.

Si se adopta esta práctica, que está prohibida en las normas de protección al consumidor y de competencia, el más afectado sería el usuario. El asunto es que si uno decide hacer uso del derecho a cambiar de operador en cualquier momento, se arriesga a que lo obliguen a pagar anticipadamente el equipo.

A pesar de que la CRC insiste en que no se van a revivir las cláusulas de permanencia mínima, el efecto práctico es el mismo: es obvio que el operador va a recuperar el supuesto descuento que le ofrece al usuario en el equipo, en el costo del servicio móvil, pero amarra de esa manera al cliente. A semejante idea se oponen no solo gremios como Fenalco, sino distribuidores especializados, como Avantel.

La Comisión de Regulación argumenta que hay que darles el espacio a los operadores para que puedan fidelizar a sus clientes. ¿Cómo así? ¿Acaso la Comisión de Regulación se volvió el promotor comercial de los operadores?