Dos | Denuncian graves incumplimientos a las víctimas del paramilitarismo en el proceso de justicia y paz
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La Procuraduría ha elevado una inquietante denuncia sobre la Ley de Justicia y Paz.
Ese fue el marco jurídico con el que se logró la desmovilización de grupos paramilitares durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. La Procuraduría advierte que se están vulnerando los derechos de las víctimas de ese proceso, que se inició en el año 2005, por los graves incumplimientos en materia de indemnizaciones.
Ese despacho cita, con corte a junio de 2022, que hay $ 5,1 billones en indemnizaciones ordenadas por 68 sentencias de los tribunales de justicia y paz, y además, cuestiona que solo se hayan desembolsado $ 558.000 millones con recursos del Presupuesto General de la Nación.
«Se requieren cerca de 8 o 9 vigencias fiscales para cancelar a las víctimas de las sentencias referidas», dice un documento conocido por esta sección.
La Procuraduría también advierte que solo se han monetizado poco más de trescientos mil millones de pesos en bienes en extinción de dominio entregados por paramilitares, cuando se esperaba que dicha monetización superara los $ 3,6 billones.
La Procuraduría le pide a la Corte Constitucional que evalúe la declaratoria de una grave crisis o de un estado de cosas inconstitucional que permita impartir órdenes para cumplirles a las víctimas del paramilitarismo.