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La Procuraduría General abrió una indagación por presuntas irregularidades en el registro de familias vulnerables que son atendidas por el programa Mi Familia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La irregularidad se habría presentado en el departamento de Nariño: la Procuraduría indaga si es cierto que entre los años 2021 y 2022 se presentaron datos falsos en la ejecución de un contrato que el ICBF firmó con la Unión Temporal Mi Familia, por $ 8399 millones.
Según la denuncia de la Procuraduría, el contrato se comprometía a dar atención a 3930 beneficiarios del programa Mi Familia, una estrategia de acompañamiento psicosocial para niños y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia, abuso o negligencia. Aparentemente, se habrían falsificado datos y el nivel de atención no se habría cumplido.
La Procuraduría pidió varias pruebas, entre ellas, la copia del contrato mencionado, las acciones ejecutadas en el marco del mismo y si hubo sanciones al contratista por incumplimientos.