Uno | Revive el debate por la divulgación de los contratos para las vacunas contra la COVID-19
- Dos | Listos los primeros pagos del programa Jóvenes en Paz
- Uno | Reconocimiento a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad
En mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Gobierno nacional divulgar todos los contratos que había suscrito con las farmacéuticas para la adquisición de vacunas contra la COVID-19.
El Gobierno nunca publicó los contratos, pero algunos de ellos terminaron filtrándose en agosto de 2021 por un error involuntario del Consejo de Estado.
En ese momento, el entonces presidente de la República, Iván Duque, advirtió que el asunto era grave, pues la revelación de la información confidencial podía «poner en riesgo el plan nacional de vacunación».
La controversia, que parecía superada, acaba de reabrirse por cuenta de una tutela que presentó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo contra el Tribunal de Cundinamarca y que admitió el Consejo de Estado.
La entidad alega la violación a su derecho al debido proceso porque el tribunal, supuestamente, no tenía competencias para pronunciarse sobre la confidencialidad de los contratos.
El abogado y columnista Ramiro Bejarano, que presentó una de las demandas que logró la desclasificación de los contratos, se pronunció sobre la nueva controversia y declaró:
«El Gobierno pretende que el tiempo que ha transcurrido desde que se inició su reclamo para proteger intereses multinacionales y no los de sus ciudadanos, sirva de pretexto para que finalmente la máxima autoridad de lo contencioso-administrativo de un portazo violento al derecho ciudadano de estar informado».
Y agrega Bejarano: «Me resisto a pensar que el Consejo de Estado pueda llegar a amparar esa postura inmoral y lesiva de los derechos ciudadanos».