El Ministerio de Justicia tiene listo el decreto que reglamenta la defensa que ofrece la Ley de Amnistía e Indulto y que ofrece un sistema de defensa para los beneficiarios de esa norma.

Dicho sistema estará integrado por abogados defensores cualificados que deberán ofrecer asesoría y defensa gratuitas para quienes aleguen carecer de recursos económicos para una defensa idónea. El borrador del decreto señala que el Estado establecerá convenios de financiación con las organizaciones de derechos humanos designadas por los beneficiarios, con el fin de que todos los destinatarios de esta ley disfruten de un adecuado sistema de defensa. Igualmente, establece que la Defensoría del Pueblo determinará los requisitos de formación académica y experiencia que deberán cumplir las personas que conformen el programa de defensa especializada.

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Según el Ministerio de Justicia, la asignación presupuestal para financiar el sistema la hará el Ministerio de Hacienda.