El informe señala que el presidente Álvaro Uribe pone en riesgo los intentos por investigar y juzgar los delitos cometidos por los paramilitares y sus cómplices en Colombia.

Según el informe algunas de las acciones más preocupantes del gobierno de Uribe son:

Que en reiteradas ocasiones, el gobierno de Uribe ha atacado a la Corte Suprema y a sus miembros, en lo que cada vez más pareciera ser una campaña dirigida a deslegitimar a la Corte, asugura la HRW.  

Para la HRW, el gobierno de Uribe se ha opuesto a propuestas serias de reforma al Congreso dirigidas a eliminar y sancionar la influencia paramilitar en el Congreso. 

Según la HRW, el presidente Uribe ha propuesto reformas constitucionales que podrían sacar los procesos de lo que se ha llamado la “parapolítica” de la competencia de la Corte Suprema.

La ONG también expidió una serie de recomendaciones para el congreso de los Estados Unidos, con relación al TLC, “Continuar postergando la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia hasta que Colombia demuestre resultados concretos y sostenidos en la reducción de la impunidad por asesinatos de sindicalistas y la desarticulación de las mafias paramilitares responsables de muchos de los asesinatos”. Y al Fiscal de la Corte Penal Internacional le pidió “respaldar con firmeza las investigaciones acerca de la influencia ilegal de los paramilitares y rechazar públicamente los ataques del gobierno de Uribe contra la Corte Suprema y sus magistrados”.

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Informe Human Rights Watch

Para la HRW, si la administración de Uribe continúa por este camino, es probable que los enormes esfuerzos hechos por las cortes y fiscales colombianos para investigar a los cómplices de los paramilitares no logren el objetivo de romper el poder de estas mafias.

El informe que fue titulado “¿Rompiendo el Control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia”, evalúa los avances logrados por Colombia en la investigación de la influencia de las mafias paramilitares, criticando medidas y acciones del gobierno que atentan gravemente contra la continuidad de dichos avances.

En sus primeras declaraciones José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que “las autoridades judiciales de Colombia han realizado avances sumamente importantes en la investigación de los paramilitares y sus poderosos aliados”, pero “sin embargo, el gobierno de Uribe continúa tomando acciones y medidas que podrían sabotear estas investigaciones” asegura Vivanco.

El informe se elaboró a partir de múltiples entrevistas con fiscales e investigadores, el examen de declaraciones de testigos, así como de otros materiales recabados durante más de un año de investigación en Colombia.

“El gobierno de Uribe y las instituciones de justicia de Colombia tienen ahora la responsabilidad de garantizar que tanto los paramilitares como sus cómplices rindan cuentas y sean juzgados por sus delitos”, señaló Vivanco.