La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) presentó un informe con corte al 19 de septiembre en el que revela que ha recibido 2.581 quejas.

Entre el 13 y 19 de septiembre del presente año, URIEL recibió 521 nuevas quejas por delitos electorales.

La Trashumancia Electoral es el delito más reportado en las denuncias con 12, 38 %, seguido por la intervención política de servidores públicos con 11,28 %, violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación 10,09 %, constreñimiento al sufragante 9,55 %, corrupción al sufragante 6,18 %, fraude en inscripción de cédulas 5,40 %, e inscripción de candidatos inhabilitados, entre otros.

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En los resultados del Plan Ágora también se evidencia la siguiente información:

  • 5.950.000 cédulas han sido anuladas por trashumancia.
  • 93.688 (80%) de los 117.822 candidatos inscritos fueron consultados en la VUEP. 24.134 candidatos no pasaron por la VUEP.
  • La Procuraduría General de la Nación identificó a 694 candidatos inhabilitados. A 532 candidatos se les ha revocado la inscripción, cifra que se acercará a los 1.000 candidatos.
  • Se creó el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, CORMPE (Resolución 1289 de 2019). 480 medidas de solicitudes presentadas ante el CORMPE, en 29 departamentos y Bogotá.
  • Se estableció Línea telefónica móvil 321 277 5318 para atender de forma oportuna las quejas de los candidatos por amenazas.
  • 6.215 personas se han sumado a las Redes de Participación Cívica Electoral.

Los departamentos con mayor número de quejas son: Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Tolima. 

Bogotá, Cúcuta, Medellín, Pereira e Ibagué, son las ciudades con mayor número de quejas y en el informe aparece desglosado de la siguiente manera:

Bogotá: 111.

  • Violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación.
  • Constreñimiento al sufragante.

Cúcuta (Norte de Santander): 311.

  • Constreñimiento al sufragante.
  • Intervención en política de los servidores públicos.

Pereira (Risaralda): 27.

  • Violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación.
  • Intervención en política de los servidores públicos.

Medellín (Antioquia): 26.

  • Violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación.
  • Intervención en política de los servidores públicos.

Ibagué (Tolima): 23.

  • Violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación.
  • Constreñimiento al sufragante.

En el informe aparecen los canales más usados para este tipo de denuncias, y al mismo tiempo las entidades a las cuales se les remitieron dichas quejas.

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