El próximo 21 de julio se dará inicio al juicio en contra del candidato presidencial, Rodolfo Hernández por su presunta responsabilidad en la adjudicación ilegal de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco, por un valor de 336 millones de pesos, cuando se desempeñó como alcalde de Bucaramanga.

En este proceso, en febrero del 2020 la Fiscalía le imputó a Hernández el delito de interés indebido en la celebración de contrato, cargo que no aceptó.

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En mayo del año pasado, Rodolfo Hernández fue acusado formalmente y llamado a juicio.

A este proceso también han sido vinculados el exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera, quien está negociando un preacuerdo con la Fiscalía, otros tres funcionarios de la entidad y un contratista que tendría relación con la empresa Vitalogic a la que se le adjudicó dicho contrato.

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Además, de acuerdo con la Fiscalía, Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo de Rodolfo hernandez, sirvió como intermediario entre la empresa de aseo de Bucaramanga y el contratista de Vitalogic, por lo que habría pactado una comisión millonaria de éxito por la adjudicación del contrato.

Rodolfo Hernández también tiene en trámite  en la Procuraduría General de la Nación, 37 actuaciones disciplinarias desde el 2016 y hasta el 2019, es decir, desde el momento que inició su ejercicio como alcalde de Bucaramanga.

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Las conductas investigadas se relacionan con el caso Vitalogic y otros presuntos hechos de corrupción como por ejemplo: solicitar presuntamente dineros a contratistas, la modificación del Manual de funciones para los empleos en la Alcaldía y nombrar sin el lleno de requisitos a la gerente de Metrolínea.