El Ministerio de Defensa no podrá seguir participando en los procesos que adelante la Justicia Especial para la Paz (JEP) contra miembros de la fuerza pública.

La decisión fue adoptada por la Corte Constitucional al encontrar vicios durante su trámite en el Congreso, puesto que no pasó todos los debates que se requiere por ley para su aprobación.

Según el alto tribunal, esta disposición no se discutió desde el principio del debate, sino que fue incluida cuando ya se habían surtido varios de ellos.

Con esta decisión, el Ministerio de Defensa no podrá seguir interviniendo como parte en los procesos que adelanta la JEP, potestad que le permitía participar activamente en el desarrollo de las investigaciones.

En su momento la norma fue creada argumentando que el Ministerio tenía derecho a intervenir en cualquier proceso que involucrara a uniformados vinculados con crímenes derivados del conflicto armado.