La Misión de Observación Electoral, a través de un comunicado, expresó su preocupación por la reforma política que se debatió el pasado 21 de septiembre.

Afirman que si bien la reforma plantea medidas para fortalecer la democratización y la trasparencia, hay ciertos artículos que lograrían todo lo contrario.

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Y aunque expresan estar de acuerdo con las medidas de paridad de género y la opción de las listas cerradas, la reglas de financiación de las campañas políticas son contradictorias a esta última.

Explican que uno de los objetivos de la lista cerrada es facilitar el control y la vigilancia, por parte de la autoridad electoral, del monto, origen y destino de los recursos empleados en las campañas, al centralizar la rendición de cuentas en los partidos.

“Si se mantiene el modelo de que cada candidato consigue recursos, los maneja y los reporta, la reforma no presenta cambios en esta materia, y no avanza en el pretendido objetivo de transparentar la financiación”, señaló Camilo Mancera, director Encargado de la MOE.

Sumado a esto, afirmaron que no tiene sentido que se establezca que candidatos busquen y administren recursos para sus campañas, ya que las personas no votarían en este caso por un candidato, sino por una lista.

Sobre el Voto Obligatorio

Sobre el polémico punto de establecer el voto obligatorio para incentivar cultura participativa, el coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, Mauricio Vela, advirtió que la medida se debe tratar con cuidado.

Pues afirmó que de no garantizarse medidas necesarias para llevar esta votación obligatoria a cabo podría haber inquietudes y se debe analizar bien para evitar castigos desproporcionados contra quienes tiene obstáculos para votar.

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Por otra parte, la Misión aseguró que ha hecho ya varias advertencias sobre las distancias de los puestos de votación en zonas rurales y “la fuerte correlación que existe entre presencia y accionar de los grupos armados ilegales y la baja participación electoral”.

Finalmente, la MOE, invita al Congreso a que en los debates faltantes para la aprobación de la reforma, se ponga en discusión el artículo donde se eliminaban “funciones actuales de la Procuraduría General de la Nación, que permiten la destitución de funcionarios de elección popular”

Esto, para evitar ir en contra de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Petro Urrego Vs. Colombia.

En el cual, la Corte determinó que en el proceso disciplinario seguido contra del señor Petro se violó el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa.