Aunque la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, aprobada el pasado junio, ha sido cuestionada por diferentes actores, la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia le pidieron a la Corte Constitucional que avale la totalidad del articulado.

Horas después de que el Consejo Superior de la Judicatura le pidiera a la Corte tumbar por vicios la mencionada reforma, el secretario jurídico de Palacio, Germán Quintero, y un delegado del Ministerio de Justicia solicitaron la ‘bendición constitucional‘ de todo el articulado.

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Consideran que no tiene vicios y que califica a la “administración de justicia como un servicio público esencial“.

Esta reforma era una de las principales tareas del presidente de la República Iván Duque y hoy podemos afirmar que este gobierno logró impulsar y tramitar esta iniciativa que necesitaba la justicia colombiana desde hace más de 25 años“, advirtió el ministro de Justicia Wilson Ruiz.

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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también le escribió a la Corte pidiéndole que avale la “necesidad de crear oficinas de la Defensoría en todos los municipios del país“, incluida en esta reforma, con lo que se crearían aproximadamente 1103 nuevos puestos.

El Consejo Superior de la Judicatura pidió tumbar toda la reforma a la Justicia por considerar, entre otros, que afecta su autonomía, y la Corte Suprema de Justicia se opone, especialmente, del artículo que flexibiliza los requisitos para ser fiscal.