El lobby de la Organización Ardila Lülle en el Congreso para retrasar la implementación del impuesto a las gaseosas
Conozca las movidas que realizaron para excluir varios productos de Postobón del impuesto y así defender los intereses de la Organización Ardila Lülle en una investigación hecha por Vorágine.
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En una investigación hecha por Vorágine, se ha puesto al descubierto la influencia ejercida por el director jurídico de la Organización Ardila Lülle, Iván Guillermo Lizcano Ortíz, en el proceso de discusión de la reforma tributaria que incluye un impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia. El informe arroja luz sobre las acciones de este influyente lobista y su impacto en la legislación que afecta a la industria de las bebidas azucaradas en el país.
El proceso de reforma tributaria propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro incluyó la creación de un impuesto sobre las bebidas azucaradas, una medida que había enfrentado resistencia en el pasado debido a la influencia de la industria en el Congreso. Sin embargo, esta vez, los interesados en la venta de bebidas azucaradas tomaron medidas decisivas para defender sus intereses.
Sin Carreta habló con Laila Abu Shihab, editora de Vorágine, quien afirmó que la investigación tenía el objetivo de visibilizar el actuar del encargado de realizar el lobby y cómo la estrategia coincidió con la información que brindaron los medios de comunicación pertenecientes a la Organización Ardila Lülle sobre el tema. Además, evidenciar el actuar de varios congresistas para lograr excluir algunos productos de Postobón de la implementación del impuesto.
“Resulta que, gracias a una proposición de tres congresistas, Efraín Cepeda del partido Conservador, Álvaro Monedero del partido Liberal y el senador del partido de la U Juan Carlos Gárces Rojas, que curiosamente eran los que habían invitado al lobista a que acudiera al Senado o la Cámara, gracias a la proposición de esos congresistas se subió de 4 a 6 gramos por cada 100 mililitros y eso excluyó, dejó por fuera del impuesto, a varias bebidas de Postobón”, dijo.
El lobby de Lizcano ha tenido éxito en la modificación de las reglas del impuesto a las bebidas azucaradas, buscando retrasar su aplicación y excluyendo ciertos productos. Esto se reflejó en la aprobación de un impuesto que entrará en vigor en noviembre de 2023 y se incrementará gradualmente hasta 2025. Las bebidas con menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros no pagarán impuesto, mientras que las que contienen entre 6 y 10 gramos tendrán un impuesto de $18 en 2023 y $28 en 2024. Las bebidas con más de 10 gramos pagarán $35 en 2023 y $55 en 2024. En 2025, el impuesto se incrementará en un 10 %. Además, con la modificación se excluyeron productos como la Uva, la Colombiana, los jugos Hit y el Mr. Tea.
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Iván Guillermo Lizcano Ortíz, en su papel como director jurídico de la Organización Ardila Lülle, actuó rápidamente después de la presentación de la reforma tributaria. Una de las reuniones más destacadas tuvo lugar el 11 de agosto de 2022 en Cartagena, donde se celebraba el séptimo congreso de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). En esta reunión, Lizcano se encontró con la representante a la Cámara por el Partido Verde, Katherine Miranda, el director de la Dian y un ejecutivo de RCN Televisión. El tema central de la reunión fueron los llamados “impuestos saludables” sobre las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados.
Durante la reunión, Miranda explicó que Lizcano y el ejecutivo de RCN mostraron comprensión por el proyecto de impuesto a las bebidas azucaradas, pero también instaron a tener en cuenta los intereses de la industria y escuchar a los gremios. Además, expresaron su deseo de que el impuesto fuera progresivo y se implementara gradualmente. Esta reunión se desarrolló en un ambiente de cordialidad y respeto.
Sin embargo, es importante destacar que Lizcano omitió información respaldada por diversas autoridades, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vincula el consumo de bebidas azucaradas con enfermedades como la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. Además, según un informe del Ministerio de Salud, un impuesto que aumente el precio de estos productos en un 20 % podría reducir significativamente su consumo y ahorrar recursos destinados al tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de bebidas azucaradas.
Organizaciones de salud a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han abogado por gravar estos productos debido a su vínculo con la obesidad y otras enfermedades. América Latina y el Caribe tienen tasas de mortalidad más altas relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas en comparación con la media global.
En cuanto a las reuniones en el Congreso, Lizcano ha realizado un gran número de visitas entre marzo de 2016 y mayo de 2023, con un enfoque renovado durante el debate de la reforma tributaria de Petro en 2022. Aunque sus intervenciones suelen pasar desapercibidas en la prensa, ha tenido acceso a congresistas clave en la discusión, como los ponentes de la reforma y otros miembros del Congreso.
Estas acciones han generado controversia y críticas por parte de organizaciones de salud y de algunos miembros del Congreso, quienes argumentan que el impuesto debería ser más alto y aplicarse sin excepciones. La presión de la industria de las bebidas azucaradas y el lobby de Lizcano parecen haber influido en esta modificación del impuesto.
En relación con este tema, el senador por el Pacto Histórico, Wilson Arias, calificó como un ‘Mico’ la proposición que radicaron miembros del Centro Democrático, Cambio Radical, el partido Conservador y el partido Liberal para retrasar la entrada en vigor del impuesto a las bebidas azucaradas.
Además, la investigación reveló que esta estrategia de la Organización Ardila Lülle está alineada con su apoyo a varias campañas políticas. Por ejemplo, Postobón, una empresa de la Organización Ardila Lülle, invirtió más de 1.400 millones de pesos en las campañas de más de 20 candidatos a la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de 2022, de los cuales 14 resultaron elegidos y ocupan actualmente un escaño en el Congreso.
Cabe destacar que las campañas de congresistas como David Luna, Ana María Castañeda, Antonio Zabaraín, Jorge Enrique Benedetti y Néstor Leonardo Rico, todos ellos de Cambio Radical, recibieron 90 millones de pesos cada una. En 2010, David Luna elogió a Lizcano como un “gran amigo” en un debate del Congreso de la República. Es relevante mencionar que David Luna ha sido un crítico del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta práctica de apoyo económico a campañas electorales no es nueva, ya que se ha registrado el respaldo de los poderes económicos más influyentes del país en diversas campañas electorales. Transparencia por Colombia, por ejemplo, informó que entre 2015 y 2022, la empresa Postobón, de la Organización Ardila Lülle, destinó más de 1.200 millones de pesos para apoyar campañas electorales, siendo el expresidente Álvaro Uribe quien recibió la donación más grande por 100 millones de pesos.
Por otro lado, Transparencia por Colombia reveló que las empresas de gaseosas de la Organización Ardila Lülle, entre 2015 y 2022, realizaron donaciones por más de 11.000 millones de pesos a varios partidos políticos, incluyendo a Cambio Radical, Partido de la U, Centro Democrático, Partido Liberal, Alianza Verde y Nuevo Liberalismo.