¿Reforma a la salud por decreto? Le pusimos la lupa al tema que preocupa a los colombianos
#SinCarreta | El país se enfrenta a una grave crisis con el sistema de salud. Lina María Sandoval le puso la lupa al tema.
- ¿Un ladrón muy romántico? Robó un regalo para su novia pero finalmente lo atraparon
- Hermanos de Jhon Ferney Cano hablan Sin Carreta sobre el polémico asesinato a su urólogo
El reciente fracaso de la reforma a la salud propuesta por el presidente Gustavo Petro ha desencadenado una serie de eventos que han sacudido el sistema sanitario del país. La intervención estatal en tres empresas de prestación de servicios de salud, incluyendo Sanitas, Nueva EPS y Compensar, ha profundizado la crisis existente en el sector. Además, este lunes el Gobierno anunció el giro directo del dinero que necesitan las IPS, sin tener que pasar por las EPS.
Estas medidas adoptadas por el Gobierno afectan directamente a más de 18,7 millones de afiliados, representando el 37,5 % del total de la población. Expertos del sector, como el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria, expresaron su preocupación ante la falta de diálogo por parte del Gobierno y advierten sobre los riesgos asociados al control estatal de las EPS.
La decisión gubernamental ha despertado temores tanto por la capacidad de gestión del sistema como por posibles motivaciones políticas detrás de la intervención. A pesar de las críticas y preocupaciones expresadas por diversos sectores, la reforma propuesta por Petro no logró el respaldo legislativo necesario, lo que coincide con las acciones de intervención en las EPS.
La crisis financiera del sistema de salud colombiano, agravada por la mala gestión de recursos públicos, ha generado un ambiente de incertidumbre y tensión. La necesidad de revisar el financiamiento de las EPS, especialmente en lo que respecta a enfermedades crónicas de alto costo, se hace cada vez más evidente.
Ante este panorama, diversos actores del ámbito médico han convocado a una “Marcha silenciosa de batas blancas” para el próximo 21 de abril, en protesta por el manejo gubernamental de la situación. La preocupación por el futuro del sistema de salud en Colombia y los potenciales impactos en la salud pública son temas centrales en el debate actual.
Fiscalía investiga presuntos malos manejos de fondos públicos por parte de EPS
La Fiscalía anunció este lunes el inicio de una investigación en relación con posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de algunas entidades prestadoras de salud (EPS). Este anuncio llega en un momento de crisis e incertidumbre en el sector de la salud del país.
Según la Fiscalía, se ordenó la formación de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo esta investigación, centrándose en posibles inconsistencias en el uso de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación (UPC), que el Gobierno otorga a las EPS por cada paciente afiliado.
La decisión de iniciar esta investigación surgió durante una reunión convocada por la Contraloría General de la República, en la que también participaron el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
La investigación de la Fiscalía se basa en los avances de una indagación fiscal previa realizada por la Contraloría. Se espera que la institución investigue minuciosamente el flujo de los fondos y su destino.
Un informe publicado por la Revista Cambio señaló que entre 2020 y 2021, 18 EPS gastaron cerca de nueve billones de pesos en rubros que no estaban relacionados con la atención de la salud.
Según la Contraloría, citada por Cambio, “se utilizaron recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por un valor cercano a los 9 billones de pesos en actividades no permitidas, como adquisición de inversiones. Se encontró así que algunas EPS pagaron deudas de otras vigencias, lo cual está prohibido”.
Estos hallazgos llegan en un momento en que varias EPS enfrentan dificultades. La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) intervino en Sanitas y la Nueva EPS, dos de las EPS más grandes del país que suman un total de 24 millones de afiliados.
Además, la Caja de Compensación Familiar Compensar solicitó a Supersalud la autorización para retirar su programa como EPS del Sistema de Seguridad Social en Salud de manera “total y voluntaria”.