30 años de impunidad en asesinato de Guillermo Cano

En febrero de 1986, Guillermo Cano era el mayor ejemplo del periodismo colombiano.

Su columna era el sumun de sus clases de periodismo a los jóvenes y de la visión de país de un periódico que dirigió durante 34 años y que en un siglo de historia se había enfrentado a todas las censuras, pero que también había tenido en su nómina a los mejores escritores del país.

La memoria fotográfica del reportero hizo posible que en 1982 recordara el rostro de un delincuente de 1975 entre los integrantes del nuevo congreso, a Pablo Escobar Gaviria.

La disolución del Grupo Grancolombiano, la pérdida de la investidura de Pablo Escobar y la posición civilista frente a la toma del Palacio de Justicia, lo rodeaban de admiración pero también de riesgos profesionales.

El hoy presidente Santos lideró una marcha del silencio y contra la impunidad que desde entonces se advertía en su caso.

La misma sensación de muerte inminente la compartía una minoría de políticos y periodistas que no se resignaban a ver ascender al poder a la mafia.

Pero uno de los columnistas asumió la investigación del caso, desde que se halló en Cali el cadáver del asesino, en medio de la zozobra, pero las amenazas se concretaban.

Héctor Giraldo Gálvez cayó en marzo de 1989 y en los meses siguientes los papás de una fiscal, un juez y un magistrado que conocían el caso y, en septiembre una bomba de 55 kilos que destruyó casi todo el periódico.

El periódico entendió pronto que resultaría heroico seguir investigando lo que el sistema judicial había resuelto ocultar.

Pero ese empresario de licores, girador del cheque que se encontró en la cuenta del sicario muerto, salió caminando del DAS de Medellín, días antes del asesinato de Giraldo Gálvez.

Pero los papeles de la investigación de Giraldo Gálvez permanecieron intactos hasta 2014, cuando el periódico los desarchivó y reveló que en éstos había nombres aun relacionados con la dirigencia política.

Y además de ellos, las trazas de las transacciones bancarias llegaron a otro empresario, que luego fue jefe de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe y al registro de su nombre en una de las empresas del lavador.

Y en otro de los giros la empresa Confirmesa, en cuya junta directiva Álvaro Uribe Vélez fue nombrado y asegura que declinó el nombramiento, sin ejercer funciones.

El proceso ahora se considera un crimen de lesa humanidad, porque privó a Colombia de una de sus más brillantes inteligencias.

Pero en esas condiciones, él se encargó también de ser un hombre de paz.