Se cumplen 7 años de la masacre de residentes de Soacha en Norte de Santander, para disfrazar de guerrilleros sus cuerpos y pedir vacaciones como recompensa. Los autores del crimen siguen dentro en la Fuerza Pública y los familiares de las víctimas pagan por mensualidades de 200 mil pesos la negligencia de la justicia y el Ejército en la investigación.

Cada semana esta escena se repite desde hace 7 años. Jacqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña, una de las víctimas de los falsos positivos de Soacha, llega hasta la bóveda 23 del pabellón Acacias del Parque Cementerio El Paraíso, en la salida a Cota.

Luego de la desaparición de su hermano, Jacqueline afronta dos dramas: ninguna autoridad ha ordenado la exhumación del cadáver para iniciar un proceso por desaparición forzada y homicidio agravado, y por tenerlo en la bóveda, la deuda con el cementerio llega a tres millones de pesos.

“Después de cuatro años a ellos hay que sacarlos para osarios, pero como el caso de mi hermano que ni siquiera ha empezado audiencias no se puede sacar de donde está, pues entonces la deuda está ahí creciendo y como no han empezado audiencias, no podemos hacer nada”, cuenta Castillo.

Jaime Castillo, a veces trabajaba en la carpintería de sus hermanos o vendía dulces. El 10 de agosto de 2008, un hombre, que después se supo era reclutador del Ejército, le ofreció trabajo como recogedor de café en una finca en Norte de Santander. Por su muerte, como presunto guerrillero, le pagaron al reclutador millón 200 mil.

“Sabemos quienes participaron en el supuesto combate pero como no ha salido la primera audiencia de imputación de cargos no hay nadie detenido, estas personas siguen en el Ejército ganando beneficios, ascenso, como si nada hubiera pasado”, agrega Jacqueline.

Castillo Peña hace parte de los 21 falsos positivos de Soacha y de las 5.800 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, ocurridas entre 2006 y 2008. Medicina Legal y la policía judicial de Ocaña le dijeron a su familia que su cadáver no figuraba en el cementerio sino en el lote de una finca de un terrateniente en una vereda del municipio de Bucarasica.

“El alquilaba terrenos para enterrar NNS, para ese tiempo parece ser que hubo muchas muertes allá en ese sector, nos dijeron que el cementerio de Ocaña no daba abasto para recibir los cuerpos”, cuenta Castillo.

El asesinato de Jaime Castillo fue ordenado por dos oficiales a soldados profesionales que simularon un combate con guerrilleros del frente 33 de las Farc.

“Mi hermano era el último que estaba en esa fosa, hubo necesidad de sacarlos a todos, uno por uno, y estarlos mirando para poder reconocer a mi hermano”, agrega Jacqueline.

Gracias a una póliza exequial que había pagado, Jacqueline trasladó desde Ocaña el cadáver de su hermano, para sepultarlo en el Parque Cementerio El Paraíso donde reposa.

Ahora el drama es que debe tres millones de pesos que no tiene por el arrendamiento de la bóveda y si no los cancela los restos de su hermano Jaime podrían ser trasladados, de nuevo, a una fosa común.

El 8 de abril de este año, la Fiscalía 97 de Derechos Humanos le envió este oficio al administrador del parque cementerio El Paraíso para informarle que los restos de Jaime Castillo constituyen elemento material de prueba dentro de una investigación penal y está haciendo los trámites ante la Unidad de Atención y Reparación de Victimas para que colaboren con los recursos por el alquiler de la bóveda.

“Hasta el momento no hemos tenido respuesta alguna, en la Oficina de Víctimas también expusimos el caso pero tampoco hemos recibido respuesta”, indicó Castillo.

Dos oficios fueron enviados también al gobernador de Cundinamarca, Alvaro Cruz, y al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para que presten su colaboración en el sentido de lograr la consecución de dineros o trámites compensatorios con los cementerios, no solo para Jaime Castillo sino cuatro víctimas más que reposan en los cementerios de Bosa, Chapinero y Central.

“Ya tenemos tres años de deuda, en marzo de este año yo llamé para saber en cuanto estaba la deuda, me dijeron que estaba en dos millones 700 mil pesos”, afirmó Jacqueline.

Este miércoles 12 de agosto Jaime Castillo cumple siete años de desaparición y asesinato en zona rural de Bucarasica, como víctima de un falso enfrentamiento contra la guerrilla. Mientras los militares siguen activos en el Ejército, su familia lucha para que no sea exhumado y de nuevo enterrado en otra fosa común.