Entre los damnificados de DMG hay una muy particular… No había entregado dinero, ni esperaba que se le multiplicaran sus ahorros… Ella simplemente arrendó un local en Facatativá, después de verificar que los arrendadores no tenían ningún problema con la justicia… Pero después del derrumbe de DMG, las autoridades sellaron el local y ahora nadie le paga el arriendo, ni le devuelve la propiedad… ¡Qué tal esto!

La intervención del Estado a las empresas de David Murcia Guzmán, dejó en la quiebra a Gladis Jaramillo, no por ser socia de DMG sino porque las autoridades le sellaron el local que ella le había arrendado a esa compañía en Facatativa, Cundinamarca, en diciembre de 2007.

El 4 de noviembre del año pasado, estuvo a punto de romper el contrato por los rumores que corrían alrededor de DMG, pero los abogados para brindarle más seguridad le propusieron cambiar el contrato.

“Vamos a hacer una cosa para que usted este más tranquila, vamos a hacer un nuevo contrato con “Zona T” que es la compañía que está comprando los derechos de DMG”.

Gladis no vio ningún problema en rehacer el contrato, porque la empresa tenía el visto bueno de los organismos del estado.

“Le dio permiso planeación, les dio permiso el alcalde esto estaba con todas las que se supone tiene para arrendar un local”.

Pero nueve días después, el 13 de noviembre, las oficinas de DMG fueron intervenidas por el Gobierno.

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“Como a las 9 de la noche terminó y sacaron la bolsa con el dinero, la subieron a una patrulla… volvieron y sellaron y hasta el sol de hoy.”

La interventora se llevó solo el dinero, el resto lo dejaron encerrado.

“Adentro están ocho computadores portátiles con todos los datos de los tarjeta habientes, el computador de la que llevaba todo y todos los inmuebles, archivos y todo está adentro.”

Todo quedó encerrado y según Gladis, nadie volvió a aparecer para nada y desde hace dos meses, no hay quien responda por las obligaciones que tenía DMG con la oficina.

“No han pagado la luz, agua, teléfono el arriendo. Estamos inhabilitados para arrendar a otras personas, porque cómo?”

La interventora ya le debe a Gladis el arriendo de diciembre y enero y como ella dice, por su culpa no tienen dinero para los gastos mínimos.

“El estudio de mi hijo, no tengo con qué matricularlo, salud y pensión no he podido pagarla, tengo que ir a que me revisen porque acababa de terminar una cirugía mía y no pude ir ni siquiera a que me quitaran los puntos. Mi mamá es hipertensa, tiene que operarse porque el lado derecho del corazón se le está agrandando”.

No sólo Gladis y su familia salieron afectados por la intervención del Estado a las empresas de David Murcia, también sus vecinos, porque después del sellamiento, las autoridades cerraron la calle.

“Nos ha afectado mucho el comercio, nuestra cuadra ha estado cerrada todo el tiempo”. “Nos afectó totalmente, se murió el comercio en esta cuadra”.

Hace quince días hubo incendio y los bomberos no pudieron entrar hasta el sitio porque la calle estaba cerrada.

El incendio y las cartas de los comerciantes obligaron a correr las barricadas y a abrir paso, esa es la única solución que ha habido, porque a Gladis le tocó contratar abogado para reclamarle a la interventora.

“Porque la interventoría no se está haciendo con los principios que debe definir toda actuación administrativa que es celeridad, transparencia y eficacia.

Y como el día en que sellaron el local, no sacaron todos los bienes de DMG ahora la interventora debe cerca de 20 millones de pesos en servicios públicos y arriendo, dinero que no se debía cuando el Estado intervino a DMG.

“La señora interventora dice que sí que ellos tienen que pagar. Con la plata que han recaudado lo van a pagar, van a pagar los arriendos, va a pagar, a dejar paz y salvo los servicios públicos, pero no me dicen la fecha.”

Y entre mas se demoren en devolverle el local, mas aumentará la deuda.

“Entonces ellos, no se, tendrán que pagar esos cánones de arrendamiento que se sigan causando y ese dinero de dónde va a salir?. De los ahorradores, de los que tenían esa plata ahí.”

Y como dice Gladis, fuera del daño económico que le causaron a ella y a los comerciantes ahora el dinero de los inversionistas deberán utilizarlo para pagar unas deudas que no habrían existido, si el día del sellamiento se hubieran llevado el dinero junto con los computadores y los muebles y le hubieran entregado el local.