La comunidad residente en un edificio del norte de Bogotá perdió la tranquilidad por cuenta de una familia, madre e hijo, que hace cuatro años se trasteó al apartamento 902 de la Torre Uno.

El niño ha tenido problemas con los vecinos, pero han sido inútiles los esfuerzos de los guardias del edificio, porque más que los argumentos, él prefiere las acciones.

Sus reclamos han quedado registrados en las cámaras de seguridad, pero a pesar de las evidencias, esta víctima no se siente segura para denunciar.

El respaldo institucional de la queja enfrenta los mismos obstáculos, esta vez personificados en la mamá.

Aunque todos los vecinos la reconocen, ella transita dentro del conjunto y frente a sus cámaras de seguridad evitando dejar evidencias de sus ingresos y salidas.

La vecina detrás del disfraz tiene dos nombres y ella misma admite que adoptó su doble identidad, por cuenta de una condena que bajo su nombre verdadero recibió en 2015 y que le fue conmutada por prisión domiciliaria habida cuenta de que, una vez sentenciada, resolvió volverse cabeza de hogar.

“Yo necesitaba traerme y a mí nadie me alquilaba, nadie, porque lo primero que le piden a usted en Colombia es la cédula y yo tengo mis derechos suspendidos… Alguien me dijo, vea Nelly, yo le vendo una cédula, dije no hay problema yo la compro”.

También en cámara describió cuánto costó su nueva identidad: un millón.

En la Superintendencia de Transporte la conocen como objeto de trece sanciones por no reportar estados financieros, alterar documentos, operación de transporte con tarjetas vencidas, todas las cuales ha atendido y apelado, como visitante frecuente de las instalaciones, aunque ella asegura que sólo trabaja en casa.

“Usted me puede creer. Yo no salgo de acá, yo no me asomo a la ventana porque tengo demasiado trabajo qué hacer, yo sigo de representante legal de mi empresa”.

La idea es que las autoridades en la calle no puedan probar que ella ha violado su prisión domiciliaria.

“No estoy en la cárcel pero estoy encerrada en medio de toda una tragedia por una persona que le tiene fobia a los penados”.

Parcialmente es cierta su tragedia, pero sólo para una de sus personalidades.

Los dueños del apartamento 902 se lo alquilaron a Sonia Malagón, la identidad con la que Nelly se identifica en la calle y ella sostiene que las relaciones con ellos son pacíficas.

“Mi permiso para irme de acá lo tengo desde el 26 de agosto de 2016. El dueño del apartamento fue el que me rogó que no me fuera, que me trasladara a otros apartamentos” afirma Nelly.

Pero el dueño sabe que tiene dificultades no solo para cobrarle el arriendo a una persona diferente a la que firmó el contrato de arriendo, sino que sus historias en el edificio lo disuaden de hablar con ella.

La junta de vecinos no se opone a que una persona cumpla prisión domiciliaria en su conjunto, pero se incomoda con las escenas de patio de prisión sin guardianes, que ella genera en los espacios comunes.