Luego de la publicación de la historia de “¡Qué Tal Esto!” sobre los conflictos vecinales de una estafadora que cumplía su detención domiciliaria en un conjunto residencial, se incrementó la tensión en sus zonas comunales debido al bochornoso escándalo que protagonizó la condenada, cuando el veedor y expresidente de la asamblea del edificio casualmente se topó con el hijo de esta mujer.

Como ya es tradicional, la administración del edificio llamó a la Policía para que atendiera el caso, mientras tanto el veedor intentaba esquivar los ataques e ignorar las ofensas verbales.

La condenada, que reclamaba enérgicamente, comenzó a mostrar sus debilidades cuando llegó la Policía y su hijo acusó al veedor de intentar asesinarlo con un machete.

El juez 24 de ejecución de penas, encargado de vigilar la detención de la estafadora, se dio por enterado y comenzó a proceder. El juzgado se centró en la presunta violación de la detención domiciliaria, que los vecinos habían mencionado en la denuncia de sus quejas por convivencia.

Pero mal podría ella haber documentado su arraigo, pues en su entrevista con Noticias Uno, reconoció que para conseguir el domicilio en el que pasaría su tiempo de reclusión, falsificó la cédula como arrendataria; y por el grado de violencia, su arrendadora se abstuvo de cobrarle o hacerle cumplir sus obligaciones.

De cualquier manera, según su juez, ella interpretó que en vez de condenarla cárcel, el juzgado le había recomendado quedarse en casa, confusión que es común. Es decir, que el beneficio no le permite a un condenado pagar su prisión en su barrio ni en su conjunto residencial, sino tras las puertas del domicilio privado que inscribió ante el INPEC.

Es decir, el INPEC está pendiente de asignarle a la vecina un lugar en el que cumpla su pena dentro de una cárcel, donde será más difícil que gestione sus reclamos en su tradicional tono personal.