La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al senador de la Colombia Humana Gustavo Bolívar, por las denuncias en su contra por la presunta financiación de la llamada primera línea.

El Consejo de Estado ya estudia una demanda que pide la muerte política del senador por haber apoyado una recolecta económica de la ONG que él fundó, Manos Limpias, para dotar de elementos de protección a la primera línea. Y en la Corte Suprema de Justicia también hay una indagación contra el senador por los mismos cargos.

 

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El consejero de estado Gabriel Valbuena admitió una segunda demanda que pide la pérdida de investidura del senador. En esta nueva acción, el abogado Hollman Ibáñez cuestiona que Bolívar presuntamente vulneró el régimen de conflicto de intereses al no haberse declarado impedido en el trámite de la Ley de Crecimiento Económico sancionada en 2019.

El abogado Ibáñez cuestiona que Bolívar participó del trámite de esa ley y posteriormente, asegura, fue beneficiario de la misma, porque se habría beneficiado del artículo 119 de esa ley que permitía acordar pagos con la DIAN, como ciertamente Bolívar lo hizo.