La Corte Constitucional le lanzó una dura advertencia al Ministerio de Salud por la falta de una política pública para la prevención del VIH entre los venezolanos que permanecen en Colombia ilegalmente y, en general, para los migrantes irregulares.

En una tutela cuya ponente es la magistrada Gloria Ortiz se advirtió una total ausencia de programas para el manejo del VIH entre los extranjeros ilegales.

La Corte, en su fallo, le pidió al Ministerio de Salud que de la mano de gobernaciones y alcaldías consolide una política pública de prevención del VIH enfocada en los migrantes irregulares.

La tutela fue presentada por una pareja venezolana reclamando el derecho fundamental a la salud tras haber pasado por el Hospital Universitario del Valle. La Corte señaló que una política pública para prevenir el VIH entre los extranjeros ilegales mejora la situación de los migrantes y además contribuye con la lucha mundial contra el VIH, previene la transmisión y, por supuesto, reduce los costos para el sistema de salud.