A las irregularidades contables y financieras detectadas por la Contraloría General en el Consejo de la Judicatura hay que agregarle otro aspecto importante: ¡el presupuesto que maneja!

Son nada menos que cinco billones de pesos, cinco billones. Ese dinero alcanzaría para construir casi treinta y siete mil viviendas de interés social.

 

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Y es que en concepto de la Contraloría, la ejecución presupuestal tiene deficiencias y hay muchas salvedades sobre el manejo contable. Tanto el Gobierno como los organismos de control están al tanto de la situación, razón por la cual incluyeron en el proyecto de reforma a la justicia un artículo para desmontar el monopolio que tiene el Consejo de la Judicatura sobre el manejo de los recursos a la justicia. Proponen que sea la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial —de la que forman parte los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Comisión de Disciplina Judicial y de la Judicatura— quienes manejen esos recursos.

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La fórmula permitiría dar más transparencia al manejo de esos dineros. Bien dicen que donde no hay claridad no puede haber justicia.