La Corte Constitucional decidió revisar la tutela que presentó el expresidente Uribe contra el juez que avaló la imputación de cargos en su contra. Ese fue el proceso por presunta manipulación de testigos que lo enfrenta con el senador Iván Cepeda. La imputación, según sus abogados, no procedía, en virtud a la renuncia de Uribe a su fuero como senador.

Con esta tutela, a la que la justicia le dijo no en dos ocasiones, Uribe busca tumbar la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, que certificó que la indagatoria practicada por la Corte Suprema de Justicia en su contra, en 2019, se equiparó a una imputación por los delitos de soborno y fraude procesal.

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El expediente fue seleccionado por la Corte a petición de dos de sus magistrados, José Fernando Reyes y Jorge Enrique Ibáñez, quienes consideraron que se trataba de un caso novedoso y sui generis en el que la corporación podría determinar si «la indagatoria de la Ley 600 de 2000 es equiparable o equivalente a la formulación de imputación de cargos de la Ley 906 de 2004».

Para la procuradora, Margarita Cabello, la mencionada tutela representa un caso de «trascendencia nacional» para que la Corte se pronuncie, no solo sobre la eventual afectación de los derechos del exsenador, sino sobre las reglas para el juzgamiento de congresistas que renuncian a su investidura.

Si la Corte decide tumbar la imputación contra Uribe, el proceso en su contra tendría que empezar de cero en la Fiscalía. ¡Galimatías jurídico de un país santanderista!