Se sabe que la Corte Constitucional se encuentra muy dividida sobre la Ley de Financiamiento. La ley afronta dos demandas: las más drásticas son las de Germán Vargas Lleras y Jorge Enrique Robledo; sostienen que hubo vicios en el trámite, al no ser publicada en la gaceta, como ordena la ley.

Juristas como Juan Manuel Charry sostienen que cuando hay mensaje de urgencia, como lo hubo en este caso, las comisiones de las dos Cámaras sesionan conjuntamente y, por ello, no se requiere publicación anterior en la gaceta, como condición previa para su aprobación.

La Corte necesita cinco votos como mayoría y las fuerzas están hoy así: la ley es constitucional, tres votos; la ley es inconstitucional, cuatro votos; la ley es parcialmente constitucional, cuatro votos.

Uno de los magistrados ponentes, Alejandro Linares, ya tramitó dos ponencias: en una, salva el 80 % de la ley; no alcanzó los cinco votos. En la otra, hunde toda la ley; tampoco alcanzó los cinco votos.

Otro de los ponentes es el magistrado Carlos Bernal; su propuesta es salvar la ley. Hay tres votos claros en favor de salvar la ley: Gloria Ortiz, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal. Y tres votos en favor de hundirla: Alejandro Linares, Alberto Rojas y Diana Fajardo. Sobre los otros tres, Cristina Pardo, Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes, no se conoce su posición.

El fallo se dictará el próximo miércoles 16. Pero, infortunadamente para el Gobierno, todo parece indicar que la Corte tumba la ley.