El Consejo de Estado acaba de admitir una demanda presentada por 15 organizaciones sociales y campesinas, entre ellas, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, con la que buscan tumbar el decreto presidencial que cambió las reglas de juego en el reparto de las tutelas.

Este decreto de abril fue ampliamente cuestionado, pues establece que todas las tutelas contra el presidente de la República y contra la erradicación de cultivos ilícitos solo deberán ser conocidas por el Consejo de Estado y no por los jueces ubicados en los territorios en los que ocurren las violaciones de los derechos.

 

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En su momento, las organizaciones cuestionaron que el presidente Duque escogiera, vía decreto, a su «propio juez».

Conocimos también la preocupación en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por varias tutelas, en distintos despachos del país, que pretendían suspender el programa de erradicación de narcocultivos. La demanda, admitida por el magistrado Roberto Serrato, advierte que se vulnera el derecho para acceder a la administración de justicia de las comunidades étnicas y campesinas, y cuestiona que el Consejo de Estado quede como única instancia competente para tramitar las tutelas relacionadas con los narcocultivos, pues se trata, según la demanda, de una corporación ubicada en Bogotá, «centro urbano alejado del conflicto surgido en aplicación de la política pública de erradicación de cultivos».