La Corte Constitucional admitió una demanda que pretende que se deje de aplicar el llamado sistema penal inquisitivo en Colombia, que actualmente opera con la Ley 600 del año 2000. La demanda plantea que todos los procesos penales del país se tramiten bajo el nuevo sistema penal acusatorio, o sea, la Ley 906 —incluidas las investigaciones contra todos los congresistas que tramita la Corte Suprema de Justicia bajo la Ley 600 y no bajo la Ley 906—.

Por citar ejemplos, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe cambió de sistema procesal con su renuncia al Congreso de la República, pasando del sistema inquisitivo, o sea, la Ley 600, al sistema acusatorio, o sea, la Ley 906. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también ha emprendido una cruzada jurídica para que su actual investigación bajo el sistema inquisitivo pase bajo las reglas del sistema acusatorio. Y algunos congresistas también suelen renunciar a sus curules y, por ende, a sus fueros, buscando cambiar de régimen penal cuando la Corte Suprema les abre procesos.

 

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El exmagistrado auxiliar de la Corte Yefferson Dueñas, autor de la demanda, explica que lo que se pretende es que todos los procesados del país tengan más garantías en sus juicios, pues en el sistema inquisitivo no existe la figura del juez de control de garantías y el juez o magistrado que investiga también es el que acusa, juzga e impone penas.

Este proceso que se abre en la Corte Constitucional generará un espinoso debate sobre las competencias investigativas de la Corte Suprema sobre los congresistas del país.