Uno | Las demoras en la justicia que terminan convirtiéndose en injusticias
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El 10 de febrero, las autoridades adelantaron una gran redada contra el llamado Clan del Golfo y lograron la captura de diez presuntos integrantes de esa organización criminal en el Meta. La Fiscalía acusó a los detenidos de presunto tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas; para legalizar la captura, se acudió ese jueves 10 de febrero a un juzgado en Maní (Casanare), pero allí, el juez estaba de día compensatorio; entonces, se solicitó audiencia en un juzgado en Aguazul (Casanare), donde no se pudo realizar la audiencia debido a que la jueza estaba aislada tras resultar contagiada con COVID-19; se buscó una tercera alternativa en Paz de Ariporo, también en Casanare, pero la falta de una buena conexión a internet impidió legalizar las capturas.
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La Fiscalía acudió entonces al juzgado de Paratebueno, en Cundinamarca, y a pesar que allí se programó la audiencia para el viernes 11 de febrero, a las dos de la tarde, ya era muy tarde: las 36 horas que fija la ley para legalizar una captura ya habían pasado y los detenidos quedaron en libertad.
La presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Diana Marina Vélez, ya está investigando el caso y envió a las seccionales de Cundinamarca, Boyacá y Casanare el reporte de lo sucedido. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene la lupa puesta en este caso.
Es una de esas historias que solo pasan en nuestro aparato judicial. ¡Ay, mi justicia!