La Ley de Víctimas, vigente desde 2012, fue creada en el gobierno Santos para reconocer los derechos y reparar a casi nueve millones de personas que figuran en el Registro Nacional de Víctimas.

A esa ley, la Contraloría General de la República le realizó un ejercicio de auditoría que arrojó como resultado un posible detrimento patrimonial por $ 35.900 millones.

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Además de los millonarios recursos en juego, la Contraloría denunció la desfinanciación de esta ley que, según las cuentas, necesita unos $ 357 billones para inversiones en programas de vivienda, alimentación, planes productivos y reparaciones para las víctimas del conflicto armado.

Hoy, cuando precisamente se conmemora el Día Nacional de las Víctimas, la Contraloría advirtió que habrá sanciones para los responsables de la pérdida de los recursos que tanto necesitan las víctimas.