Como se sabe, el gas es un servicio público subsidiado por el Estado para los estratos 1 y 2 con el 50 % y el 60 % de la tarifa.

Hoy, la Contraloría General reveló un informe en el que se denuncia que la nación tiene un retraso de un año en los pagos que se hacen a las empresas por concepto de subsidios para los usuarios más pobres, que son entre seis y siete millones de personas.

El contralor advirtió que el problema está en la no asignación de suficientes recursos en el presupuesto general de la nación para cubrir el subsidio al gas.

Esa situación ha obligado al Ministerio de Minas, como ejecutor de ese gasto, a demorarse hasta por más de un año en el pago de los subsidios.

Dos ejemplos: en el año 2017 se solicitaron $ 782.000 millones para los subsidios al gas y la apropiación fue de $ 268.000 millones, ¡faltaron más de quinientos mil millones de pesos!

Y en 2018 se pidió un billón ciento ochenta y cinco mil millones de pesos y se asignaron solo $ 779.000 millones.

Así sí es muy complicado; se ofrece, pero no se cumple.

¡Las pobres familias necesitan el servicio!

Y también, claro, las empresas que prestan el servicio de gas domiciliario. Ojalá alguien del Gobierno los escuche.