El departamento de Antioquia, a pesar de haber hecho todo lo posible para evitarlo, tendrá que pagar por la educación que fue dada a más de mil desplazados, reinsertados y vulnerables, en el municipio de San Pedro de Urabá.

La Gobernación, acudiendo a diversas operaciones jurídicas, trató de evitar el pago de los cursos y la educación escolar que se dio a los desmovilizados y las víctimas. Ahora, el Consejo de Estado, al fallar en última instancia una demanda de reparación directa a favor de la Fundación San Sebastián de Urabá, le ordenó al departamento de Antioquia, concretamente a la Secretaría de Educación, que pague $ 450 millones que corresponden al valor de los costos del servicio educativo que se dio entre los años 2006 y 2007.

En este caso, la deuda se tiene que pagar antes de 60 días, según ordenó el Consejo de Estado.