El Consejo de Estado le dio un ultimátum al INPEC para que garantice el suministro de agua potable en la cárcel Picaleña de Ibagué.

Este llamado urgente lo ha hecho el Consejo de Estado al fallar una tutela presentada por un preso, quien reclama una solución a la falta de agua potable. Incluso, el detenido afirma en su derecho de amparo que algunos presos han muerto por riñas que han ocurrido en rapiñas por algún recipiente de agua.

La alta corporación advierte que la falta de agua constituye una clara violación a los derechos fundamentales de la población carcelaria, ante lo cual, en este caso, pide el acompañamiento de la Procuraduría provincial de Ibagué y la Defensoría del Pueblo del Tolima. El Consejo de Estado, al resolver la tutela, le concedió al INPEC tres días de plazo para suministrar diariamente 25 litros de agua potable a cada interno, entendiéndose como una medida provisional, pero inmediata, mientras se soluciona definitivamente el problema.

Esta acción de tutela, por disposición del mismo Consejo de Estado, debe enviarse a la Corte Constitucional para que sea tenida en cuenta por la Sala Especial conformada para hacerles seguimiento a los fallos de los años 2013, 2015 y 2018, por medio de los cuales la Corte declaró inconstitucionales varias de las normas que terminaron agravando el problema.

No puede existir petición más justa que tener derecho al agua, ¡por Dios!