El Consejo de Estado regaña otra vez al Gobierno por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se condenó al Estado por la muerte de 17 personas, entre ellos seis niños, en la masacre de Santo Domingo (Arauca). La masacre ocurrió en diciembre de 1998, cuando miembros de la Fuerza Aérea lanzaron seis bombas de fragmentación sobre la vereda Santo Domingo, en Tame (Arauca). Esa acción dejó 27 heridos. En noviembre de 2012, la Corte Interamericana ordenó la indemnización a las víctimas y un acto de reconciliación en el que el Estado ofreciera excusas públicas a la población, y garantías de no repetición. Sin embargo, seis años después, las víctimas no han sido indemnizadas. Instauraron una tutela que acaba de fallar positivamemte el Consejo de Estado. La Cancillería y la defensa manifestaron que no ha sido posible el pago de las indemnizaciones porque los afectados no han presentado las pruebas que acreditan su calidad de víctimas o los daños y perjuicios causados.

El Consejo de Estado falló: no acepta los argumentos y dio 15 días para conformar un comité de indemnización.