El Consejo de Estado anunció que fallará con urgencia y prelación una demanda que pretende tumbar los permisos ambientales otorgados al proyecto Hidroituango, central hidroeléctrica que prenderá su primera turbina el próximo 26 de julio.

El alto tribunal priorizó la demanda presentada por el Movimiento Ríos Vivos, por la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, y por otras nueve organizaciones cívicas, por tratarse de un asunto de «trascendencia social» y por los que se llaman «impactos sociales, económicos y ambientales del proyecto».

La demanda que estudia el magistrado Roberto Serrato advierte que la construcción de Hidroituango «ha ocasionado el desplazamiento forzado de los habitantes de la zona directamente afectada, a las comunidades no se les brindó la oportunidad de participar de manera efectiva en el proyecto y la ejecución del mismo ha generado graves impactos ambientales al ecosistema de la región».

Fuentes en el alto tribunal advierten que a más tardar en un mes habrá fallo.