La Corte Constitucional acaba de fallar una tutela a favor de 39 víctimas del desplazamiento forzado que se produjo en el corregimiento de Las Palmas, en el departamento de Bolívar, tras una masacre paramilitar.

La Corte le ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar que estudie una demanda radicada por este grupo de víctimas con la que esperan una reparación del Ministerio de Defensa, del Ejército, la Policía, la Armada y del municipio de San Jacinto por los perjuicios sufridos por cuenta del desplazamiento.

El tribunal no había admitido la demanda, pues advirtió que no había suficientes pruebas que demostraran que los demandantes habitaban en Las Palmas o que fueron coaccionados a abandonar la zona. La Corte regañó al tribunal advirtiendo que, en circunstancias excepcionales, los jueces deben flexibilizar sus reglas probatorias, especialmente cuando aborden casos de víctimas del conflicto.

«En determinadas ocasiones donde se está ante víctimas del conflicto armado, la condición de sujeto de especial protección constitucional condiciona la actividad del juez […] El juez debe adoptar un papel efectivo para lograr la igualdad material dentro del proceso judicial y, a su vez, la garantía de la reconstrucción de la verdad histórica y la justicia material», advierte la Corte.

El Tribunal Administrativo de Bolívar tendrá 30 días para adoptar una nueva decisión en este caso.