La Corte Constitucional está en plena revisión de los decretos de emergencia, que obviamente incluye el 546, que corresponde a las detenciones domiciliarias para personas privadas de la libertad. Se trata de romper el hacinamiento y dar casa por cárcel a quienes reúnan ciertos requisitos de edad o estado de salud, como una fórmula transitoria para contener el coronavirus en las cárceles.

Sobre ese decreto, que rige mientras dure la emergencia, se pronunció hoy el procurador, Fernando Carrillo, ante la Corte Constitucional. En un concepto de 50 hojas, Carrillo pide que se declare exequible una parte y se condicione otra. Básicamente, el procurador considera que se trata de un decreto discriminatorio ante la cantidad de personas privadas de la libertad que quedaron excluidas de este beneficio.

Advierte que, según cifras del INPEC, en los establecimientos penitenciarios permanecen indebidamente 1565 personas que ya cumplieron su condena, junto con otras 13.742 en situación de sindicados, que desde hace más de un año están esperando un juicio. Asegura el procurador que es inaceptable desde todo punto de vista que estas personas continúen privadas de la libertad y advierte que se está sacrificando la vida y la integridad de quienes el Estado tiene bajo su custodia.

En esencia, el procurador solicita a la Corte que declare inexequibles unos artículos y que otros, los condicione.
La verdad es que este decreto poco sirvió para el deshacinamiento carcelario. Incluso, la propia ministra de Justicia, Margarita Cabello, admitió que de unas cinco mil personas que se esperaba recibieran el beneficio de detención domiciliaria transitoria, finalmente salieron poco menos de dos mil.