En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido para el Gobierno nacional garantizar la prestación del servicio de salud a las personas privadas de la libertad.

Esto, principalmente, por las condiciones carcelarias del país. Pero, además, hoy en día no existe un operador que preste servicios médicos como tal, pues hasta ahora se va a iniciar un proceso licitatorio para contratar uno o varios operadores de salud. Para combatir esta crisis, el Ministerio de Justicia tiene listo un proyecto de decreto que busca delimitar la población carcelaria que tendría a cargo el operador de los servicios de salud, excluyendo a personas que se encuentran recluidas de manera irregular en URI (o Unidades de Reacción Inmediata) y estaciones de Policía, dado que el modelo de salud está construido únicamente para un escenario intramural ordinario.

El objetivo del Gobierno: garantizar el acceso a los servicios de salud por parte de la población reclusa que hoy está afiliada a regímenes contributivo o excepcionales.

La iniciativa permitirá al INPEC afiliar a la EPS del régimen subsidiado a las personas privadas de la libertad que están en detención o prisión domiciliaria.