El asunto de la multa a un estudiante por comprar una empanada en la calle ya originó un proyecto de ley.

El parlamentario liberal Fabio Arroyave presentó un proyecto de ley que, en su artículo segundo, establece: «Previo a la imposición de sanciones por ocupación al espacio público, las autoridades deberán haber adelantado políticas públicas de

reubicación de los comerciantes informales a fin de garantizar sus derechos fundamentales a la vida digna y mínimo vital». Y en su explicación de motivos, el parlamentario repite el fallo de la Corte Constitucional sobre el Código de Policía que autorizó las multas por ocupación del espacio público. Dijo la Corte: «Cuando se trate de personas en situaciones de debilidad manifiesta […], no se les aplicarán las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos a la dignidad humana, mínimo vital y trabajo» [sic].

Y como el tema ya está resultando cansón, este parece ser el punto final. ¡A comer empanadas callejeras!