El anuncio de la designación del abogado Pedro Medellín como director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) ha desatado un verdadero tsunami.

Primero, se adelantó una inspección técnica judicial por parte de miembros de la Fiscalía para verificar si el pasado domingo había funcionarios elaborando contratos dentro de la entidad, lo cual quedó descartado. Es que hubo una denuncia en el sentido de que se estaban realizando contratos, para convenir antes de la posesión de Medellín. Segundo, el Gobierno decidió modificar la conformación del consejo directivo de la ESAP para incluir a la directora de Planeación, Gloria Alonso, como miembro principal, con voz y voto.

El terremoto consiste en que el Gobierno, con Medellín a la cabeza, quiere despojar a la ESAP de todo vínculo con políticos.